El Derecho Penal frente a la desinformación en el entorno digital

El presente proyecto tiene por fin mejorar los instrumentos jurídicos para prevenir y reaccionar a la desinformación en el entorno digital. Desde este punto de vista, sus objetivos últimos son analizar tanto el derecho vigente en España, como los instrumentos legales previstos en el derecho comparado para identificar los problemas de aplicación de los instrumentos ya vigentes, especialmente los penales, y realizar propuestas legislativas de mejora. La hipótesis de partida es que los delitos vigentes no pueden dar respuesta a todos los riesgos que genera la nueva realidad de la desinformación. Desde estas premisas, en resumida síntesis, los objetivos específicos de este proyecto se concretan en: a) investigar las características del discurso desinformativo en el entorno digital, con especial referencia a los que generan un riesgo para los grupos vulnerables, los procesos electorales, la seguridad nacional y los intereses económicos de los mercados; b) revisar las condiciones de aplicación de la normativa vigente en España, con especial referencia al derecho penal; c) estudiar las bases de la responsabilidad, incluida la penal, de las plataformas digitales y las sanciones que la acompañan; y d) elaborar propuestas de mejora de la intervención jurídica. Para todo ello, el Equipo de investigación, integrado equitativamente por profesores de Derecho penal y de Ciencias de la información, especialistas en la materia, se completa con la participación de profesionales de verificación de contenidos (como Verificat); aplicadores del derecho (como la fiscalía general del Estado) y profesores especialistas en derecho administrativo. El equipo de trabajo cuenta también con profesores de reputado prestigio en este ámbito, tanto en Italia como Alemania, para asegurar los objetivos de derecho comparado. El impacto social esperado se cifra en la esperada mejora de los mecanismos jurídicos vigentes, mediante la contribución a la elaboración de propuesta de interpretación de las normas penales y administrativas previstas hasta el momento, como con la propuesta de nuevos instrumentos jurídicos.