Abstract
La Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo que crea la obligación de informar de los intermediarios financieros impone al legislador nacional el establecimiento de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. En esta orientación se ha aprobado en España la Ley 10/2020 para su introducción en la Ley General Tributaria. El objeto de nuestro artículo resulta su análisis en base a dos consideraciones y principios punitivos básicos: la culpabilidad de la infracción y la proporcionalidad de su sanción. Se plantea dicho estudio considerando planteamientos genéricos y teóricos, pero también aplicativos y pragmáticos en donde la comparación con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los regímenes jurídicos existentes resulta básica.
| Original language | Spanish |
|---|---|
| Pages (from-to) | 1-31 |
| Journal | Quincena Fiscal |
| Issue number | 1 |
| Publication status | Published - 15 Jan 2021 |