Impacto de la financiación pública en la economía de las empresas mediáticas privadas: subvenciones y publicidad instituciojnal. Análisis del caso español (2008-2020)

Este proyecto realiza un diagnóstico detallado del modo en que se realizan las grandes transferencias de fondos públicos a medios privados (subvenciones y publicidad institucional) por parte de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
La información pública y la facilitada por estas administraciones han permitido valorar también la incidencia de las subvenciones en las cuentas de los medios privados, pero en pocos casos el impacto de las inversiones en publicidad institucional en esas mismas empresas puesto que, en este ámbito y pese a la generalización de las normativas sobre transparencia, la opacidad de los datos es muy significativa, como también hemos apreciado que sucede en otros países de la Unión Europea y en grandes democracias extracomunitarias.
En los casos en que se han podido analizar los mencionados impactos se ha constatado que los criterios de planificación no resultan los más eficientes para alcanzar al público concernido por los mensajes que difunden las administraciones, lo que lleva a pensar que el poder político está utilizando la publicidad institucional como una herramienta para favorecer a medios afines ideológicamente.
Junto a las diversas publicaciones científicas, que resultan accesibles en la web del Grupo de Investigación en Estructura y Políticas de Comunicación Daniel Jones, se han hecho llegar a los principales grupos parlamentarios del Congreso recomendaciones políticas orientadas a poner fin a prácticas clientelares en las relaciones entre el poder político y los medios, pero también a un funcionamiento más eficiente de la Administración y a evitar situaciones de abuso de posición dominante en el sector de las agencias de medios.
Entre estas recomendaciones figuran la reforma y actualización de la ley 29/2005 de comunicación y publicidad institucional para convertirla en una verdadera norma básica que obligue a clarificar los procesos de creatividad, planificación, contratación y evaluación de las campañas, incluidas las de carácter comercial; la modificación de las normativas sobre transparencia para incluir las transferencias de fondos públicos a medios en el listado de publicidad activa y obligar a las empresas mediáticas a hacer público de qué administraciones y entidades públicas reciben fondos y en concepto de qué; o la profesionalización de los procedimientos, atendiendo a las reivindicaciones que se formulan desde diferentes ámbitos, en particular desde organismos como el Tribunal de Cuentas y la CNMC, que han emitido resoluciones muy relevantes sobre estas materias, alineadas con la ley de libertad de medios que prepara la Unión Europea.