Resum
La Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo que crea la obligación de informar de los intermediarios financieros impone al legislador nacional el establecimiento de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. En esta orientación se ha aprobado en España la Ley 10/2020 para su introducción en la Ley General Tributaria. El objeto de nuestro artículo resulta su análisis en base a dos consideraciones y principios punitivos básicos: la culpabilidad de la infracción y la proporcionalidad de su sanción. Se plantea dicho estudio considerando planteamientos genéricos y teóricos, pero también aplicativos y pragmáticos en donde la comparación con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los regímenes jurídicos existentes resulta básica.
| Idioma original | Espanyol |
|---|---|
| Pàgines (de-a) | 1-31 |
| Revista | Quincena Fiscal |
| Número | 1 |
| Estat de la publicació | Publicada - 15 de gen. 2021 |
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