El impacto de las nuevas políticas de seguridad vial sobre la conducta de los conductores

Los accidentes de tráfico constituyen uno de los principales problemas de las sociedades occidentales en la actualidad. Según datos de la Dirección General de Tráfico (véase la web de la DGT), sólo en España mueren anualmente más de 2000 personas por esta causa. Más allá del coste humano, la siniestralidad vial supone también un importante lastre para las economías de los países desarrollados. En el caso español, simplemente los costes derivados de los traumatismos causados en los accidentes de circulación ascienden ya a unos 16.000 millones de euros anuales (Montoro, Roca y Tortosa, 2008). Si bien la política de tráfico y seguridad vial debe ser multidimensional y no puede descuidar las actuaciones sobre la vía y el vehículo, cabe destacar que el denominado "factor humano" se encuentra tras el 90% de los accidentes de tráfico en los países desarrollados (Montoro, 2008; Montoro y Roca, 2007; Montoro, Roca y Tortosa, 2008; Tortosa, Montoro, Roca y Civera, 2008; Vargas, 2007). Y más concretamente, las infracciones en general, y el alcohol y la velocidad excesiva o inadecuada en particular, son los principales desencadenantes de la accidentalidad viaria en España (Blasco, 2008; Conde Pumpido, 2007; Tortosa, 2008; Villalba, 2007). La intervención gubernamental en los últimos años destinada a tratar de mejorar la conducta de los conductores ha sido realmente intensa, tanto en nivel estrictamente legislativo como en el de la aplicación de políticas públicas en general. No obstante, las dos medidas más relevantes han sido la implantación del denominado carné por puntos en julio de 2006 y la reforma del Código Penal en materia de tráfico y seguridad vial en diciembre 2007.