Autogobierno y heterogobierno del Poder Judicial: el Consejo General del Poder Judicial entre la reforma constitucional y la modificación legislativa

La reciente Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de reforma de la LOPJ, ha establecido en la Disposición adicional que, en el plazo de seis meses, el CGPJ elaborará un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos. Dicha propuesta será trasladada al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación. No obstante, garantía de que se aprobará por parte de las Cortes Generales la propuesta del CGPJ, si finalmente se elabora antes de finales de febrero de 2025, no se puede deducir de esta Disposición Adicional.
En cualquier caso, no se puede dejar de destacar que esta reforma se debe realizar en un contexto con los mismos actores que han provocado el bloqueo institucional que ha impedido la renovación del CGPJ desde 2018, por lo que es de prever que su aprobación definitiva será de extrema dificultad. El CGPJ debe proponer una reforma que dependerá en su aprobación de un Parlamento profundamente politizado, pero además el nombramiento del actual CGPJ ha sido influido por la política, por lo que se genera dudas de que pueda realmente producir una reforma que despolitice el sistema como se ha podido comprobar con el proceso de nombramiento del actual Presidente del CGPJ.